En la presente no te hablaremos
de los problemas que, como ser humano, has de soportar cada día en
el trabajo, en tu casa, en la calle o en el lugar donde estudias,
para salir adelante en esta lucha cotidiana que es la vida, sino de
la causa común de muchos obstáculos con que topas como ciudadano -y
que se añaden gratuitamente a los que ya conlleva el simple hecho de
existir-, a saber: la incompetencia, la corrupción y la manipulación
perpetrada por los políticos profesionales.
A pesar de que en las
encuestas, los ciudadanos valoran críticamente la ineptitud de sus
dirigentes, se debe reconocer que no existe todavía una conciencia
cívica clara de la relación que efectivamente hay entre el mal
funcionamiento del país y el fangal mafioso en que se han convertido
nuestras instituciones democráticas. Esta afirmación no significa
que todos los políticos, individualmente considerados como personas,
cometan delitos, sino que el estado de cosas actual, el escándalo
cívico permanente por hechos como la inmigración incontrolada, el
aumento de la delincuencia, el colapso de las prisiones, el fracaso
del sistema educativo, el caos de las infraestructuras, el
encarecimiento de la vivienda, el paro, la inestabilidad laboral,
etc., sólo son posibles como resultado de la corrupción consentida o
tolerada por unos políticos y altos funcionarios más preocupados por
hacer carrera que por cumplir la ley.
Así, que los políticos, altos
cargos y altos funcionarios hayan, o no, perpetrado delitos, esto
han de decirlo los jueces, pero lo que sí sabemos sin necesidad de
sentencias y con absoluta certeza es que nuestros representantes
colectivos no hacen absolutamente nada para abordar la decadencia
moral del gobierno y de las administraciones catalanas.
Cabe recordar, en este sentido,
que son los políticos los que, en el Parlamento o el Congreso de los
Diputados, hacen las leyes, incluido el código penal que define que
es y que no es un delito. ¿Nos debe extrañar, entonces, que nunca
haya sido tipificado como tal del delito de corrupción política?
¿Conoce este dato crucial la mayoría de la gente? No. Pero así es.
Este agujero legal deliberado provoca que los casos de corrupción
hayan de ser perseguidos bajo otros tipos penales, de manera que a
la postre los que van a prisión son los que se juegan la piel en las
fechorías concretas, pero no los grandes beneficiarios, cabezas
visibles y referentes simbólicos de la sociedad catalana.
Pensemos en el caso de Unió
Democrática de Catalunya (UDC), la finca privada de Josep Antoni
Duran i Lleida, un partido que allí donde ha gestionado un
departamento de la Generalitat, allí han detectado los jueces un
escándalo de corrupción. Conviene recordar, en este sentido, las
palabras de Núria de Gispert -tan criticadas por el experto en
corrupción Josep Vergés- en una carta a sus afiliados: „nuestro
compromiso va más allá de la ley“. La crisis de las finanzas de Unió
desde que ha salido de las instituciones y no „toca poder“ es un
síntoma claro de lo que podría representar la existencia de un tipo
penal de corrupción política. En lugar de esto, lo que tenemos son
toda una serie de resoluciones judiciales que afectan a personajes
de segunda fila y dejan impunes a las denominadas „personalidades“
de la vida política catalana, consideradas intocables, comenzando
por Jordi Pujol, principal promotor de este modelo nefasto de hacer
política y encarnación del catalanismo vigente.
Otro ejemplo es el descontrol
de la inmigración, que muchos políticos dicen lamentar -otros la
apoyan abiertamente-, pero que no cesa. Los ciudadanos deberían
saber que la vigente ley de extranjería considera la entrada ilegal
en el país como una mera falta administrativa, es decir, por poner
un ejemplo, como una multa de tráfico, de manera que los
infractores, que no son considerados delincuentes pese a haber
forzado una frontera, no pueden ser detenidos más que unas horas y
escapan a la justicia pagando una multa de sólo 301 euros. Por otro
lado, las órdenes de expulsión que la ley prevé como alternativa a
la simple multa no se cumplen, de manera que cada vez tenemos más
delincuentes en la calle y las prisiones a reventar. Esta ley
malintencionada y cívicamente alevosa, ha sido diseñada expresamente
por los políticos a efectos de favorecer la invasión de inmigrantes
que padecemos, en perjuicio de los trabajadores autóctonos. Los
políticos profesionales, que conocen el rechazo de la mayoría del
pueblo hacia este fenómeno, actúan así contra el mandato de sus
propios electores, perjudicándolos abiertamente, y son, por tanto,
corruptos aunque no hayan sido condenados por juez alguno.
Sin embargo, ¿qué relación
tiene todo lo que hemos dicho con la incompetencia que tanta
indignación -no así la corrupción- levanta entre los ciudadanos de
Cataluña?
Aquí está la clave del asunto,
porque las instituciones públicas y los partidos políticos sólo
pueden funcionar de manera eficaz si la selección y promoción del
personal está motivada por la capacidad real de las personas y no
por otros criterios ajenos al servicio. A pesar de ello, en Cataluña
lo que menos importa es la profesionalidad y, mucho menos aún, la
voluntad de respetar y hacer cumplir la ley, fundamento del sistema
democrático.
De hecho, los políticos y
funcionarios honestos no interesan a los que mandan realmente,
porque una persona dispuesta a defender la legalidad como si fuera
„la muralla de la ciudad“ (Heráclito) en un mundo donde, quien más
quien menos, transgrede las normas alguna vez en beneficio propio,
de los familiares o de los amigos y correligionarios, sólo puede
generar problemas y conflictos. Lo que se necesita, en este ambiente
putrefacto y tóxico para la transparencia institucional, son los
denominados pragmáticos, es decir, los clásicos elementos trepadores
sin demasiados escrúpulos, dispuestos a tapar lo que convenga y,
sobretodo, a ser fieles al amo que los está promocionando hacia el
éxito en una emocionada y „patiótica“ relación de vasallaje
personal.
Esto quiere decir que la
incompetencia se añade a la corrupción, porque las personas
preparadas no necesitan los favores de nadie para avanzar en su
carrera política, empresarial o administrativa. En cambio, los que
sólo pueden ofrecer su fidelidad perruna a quien les ha concedido la
poltrona o la subvención, difícilmente harán las cosas bien cuando
por fin gozen de algún cargo público y hayan de solucionar problemas
reales ajenos a la cotidiana práctica de culto al dirigente.
En una sociedad sana, un
político o un funcionario capacitado debería poder conquistar el
puesto de mando sin ser apadrinado, pero precisamente esto sería lo
que lo haría peligroso a los ojos de los que mandan, porque si no
depende de ellos, es decir, de los grandes corruptos intocables e
impunes, ¿quién le impedirá denunciar los muchos abusos, fraudes y
fechorías existentes? Así, la competencia profesional, que en el
funcionario va ligada a la honestidad, en Cataluña no es un mérito,
sino amenaza y motivo de reprobación. Lo que vale aquí es la
denominada „confianza“, y esto significa: la lealtad a la oligarquía
catalana de doscientas familias enquistadas en el seno del
dispositivo institucional y administrativo, auténtico meollo de la
cuestión que estamos planteando.
Dicho brevemente: tenemos una
selección del personal político, sí, pero una selección en negativo.
Los corruptos incompetentes suben, los honestos capacitados se
quedan abajo. Y al final, Cataluña se colapsa, pero ¿se podía
esperar otra cosa?
Porque, en efecto, estas
poderosas familias tienen hijos, parientes, amigos y socios que
conviene situar en la vida, facilitarles las cosas, cubrirlos de
prebendas, etc., pero la mayoría de ellos no son demasiado listos ni
trabajadores, pese a que, esto sí, a todos les gusta vivir bien. De
manera que serán necesarios muchos funcionarios, altos cargos y
políticos „catalanistas“, „patriotas“, „nacionalistas“, etc., para
satisfacer la demanda de enchufes bien remunerados. Los mencionados
son sólo eufemismos para endulzar aquella realidad a la que se
refería Núria de Gispert, a saber, ese famoso „compromiso“
misteriosamente situado „más allá“ de la ley ----más allá pero no
demasiado lejos de nosotros; para entendernos: en las urbanizaciones
de lujo donde viven los auténticos responsables de lo que la mayoría
de los trabajadores estamos padeciendo en Cataluña en un disimulado
pero constante proceso de desmontaje del Estado de Bienestar.
Ahora bien, han sido los
gestores económicos y políticos de la oligarquía catalana los que
nos han traído a los inmigrantes porque, beneficiarios como son de
los grandes intereses financieros, necesitan mano de obra barata, la
forma fácil e incompente de reducir costes, siendo así que los
extranjeros hacen el mismo trabajo que los de casa pero a mitad de
precio. Por tanto, pese a que nosotros encarnemos la inmensa mayoría
de la población de la nación que ellos dicen amar tanto, pues se
califican a sí mismos de nacionalistas, patriotas y unas cuantas
cosas más, en realidad, cuando los políticos catalanes hablan de
Cataluña y de „compromiso“ nacional, se refieren a un círculo
bastante más reducido de personas, que se engorda a base de negocios
con la nueva mano de obra semi-esclava pero también, pues no tiene
bastante, con el dinero de todos. Una minoría elitista que está
siempre deseosa de nuevas ganancias y necesita de un dispositivo
institucionalizado y permanente de explotación, expolio, robo y
fraude a costa de los servicios públicos y, en consecuencia, del
pueblo que los sufraga con sus impuestos. Este montaje es lo que
hogaño se denomina catalanismo, y lo que representan personas como
Artur Mas o José Montilla. Para poder seguir adelante con el sistema
sociopolítico actual, la oligarquía trae, en efecto, inmigrantes y
los desangra, de manera que los trabajadores -con la colaboración de
los sindicatos amarillos, como UGT y CCOO- aceptamos los salarios
rebajados o nos vamos al paro, pero la oligarquía no tiene
suficiente, ha de succionar también de los presupuestos y de los
recursos colectivos -recordemos el Institut Català de Finances- y
esto significa incumplir la ley, vaciar la caja del erario público y
promocionar a la tropa de cínicos sin escrúpulos que encubra todas
estas prácticas, una caterva que, de forma inevitable, deberá
alimentarse de incompetentes cuyo único mérito será permanecer en el
cargo y calentar la poltrona con la boca cerrada.
Y hete aquí que ya sale a la
luz cuál es la causa verdadera de la sensación bancarrota cívica y
política que actualmente vive Cataluña y el descrédito del
catalanismo. Podríamos calificarlo de „caos de las infraestructuras
morales“. De éste se habla poco en los diarios del sistema, pero se
evidencia en los altos índices de abstención electoral, en el
fracaso del Estatut y en el desprecio de la gente de a pie hacia los
políticos catalanes como casta cerrada.
En efecto, las consecuencias de
lo que hemos dicho son evidentes. Cataluña experimenta una auténtica
situación de emergencia cívica, fruto de la incompetencia, pero este
malestar no es casual, sino que brota de la necesidad de ubicar
estratégicamente en las instituciones públicas a individuos que
responden al principio de lealtad personal, el famoso „personalismo“
del que hablaba Pujol, garantia de que no se ventilarán las
suciedades de los poderosos. Así, tras la patente ineptitud se
esconde el gusano de la corrupción, y tras la corrupción, como hemos
señalado ya, el régimen oligárquico de las doscientas familias, las
cuales, cabe subrayar ahora, en Cataluña controlan las cúpulas de
todos los partidos parlamentarios.
Y los ciudadanos quizá no lo
saben explicar con detalle sociológico, pero lo intuyen con
convicciones cada vez más arraigadas como que „todo está podrido“,
„todos los partidos son iguales“, etcétera.
La mayoría de los catalanes
recordamos el escándalo del 3%. En aquel momento parecía que se
había levantado la tapa del basurero oligárquico y que los juzgados
acreditarían con sentencias lo que hacía años que venían oliendo los
trabajadores. Era una bocanada de aire limpio y la agradable imagen
de algunas cabezas rodando, que ya era hora, pero sobretodo era el
sueño de un cambio real hacia la democracia de verdad, que es lo que
la mayoría de los ciudadanos anhelamos para Cataluña. Sin embargo,
aquella afirmación tan gruesa de la existencia de la corrupción
pujolista institucionalizada, hecha por boca de un presidente de la
Generalitat, se quedó en nada. ¿Qué fue, en efecto, del 3%? Poca
cosa. Las aguas del oasis han reingresado en su cauce pútrido. Todo
vuelve a ser como antes, si no peor, con la cotidiana noticia del
fracaso de Cataluña como sociedad día sí, día también, pero siempre
con España y Madrid como chivos expiatorios de cualquier nuevo
desastre que haga enrojecer de vergüenza a nuestros patéticos
representantes gubernamentales.
No sorprende que los políticos
del catalanismo se vean forzados a organizar un 1º de diciembre „por
el derecho a decidir“ en una manifestación que tiene como única
finalidad engañar a la ciudadanía sobre las causas reales de la
crisis endémica en la que estamos inmersos. Los políticos, es
evidente, no pueden reconocer que ellos mismos representan la raíz
del problema y no la solución. Si las cosas van mal es porque
supuestamente no tienen suficiente poder y están faltos de las
prerrogativas legales para gobernar. Démosles más poder, pues. Y
esto significa: más dinero y cargos a repartir entre la oligarquía.
!Sinvergüenzas!
En definitiva, cuando se abre
un agujero, uno de los muchos agujeros que oculta la sociedad
catalana y que irán haciéndose visibles a medida que pase el tiempo
-a menos que hagamos algo para limpiar las instituciones públicas-,
los auténticos responsables, los políticos oligárquicos, no se
conforman con callar y esconderse, necesitan identificar un
culpable, como los nazis con los judíos, y salen a la calle a
insultar nuestra inteligencia con demagogia independentista que ni
siquiera ellos mismos se toman en serio, pero que hace bonito y
viste de patriota.
Además, apuntar hacia el
gobierno central como causa de todos los males que padecemos les
resulta muy fácil porque cada día en TV3 nos lavan el cerebro con un
catalanismo racista, violento, demagógico e hipócrita que difama
todo lo español y, por tanto, ofende a la mayoría de los ciudadanos
de esta comunidad, los cuales, guste o no a los sectarios de la
lengua, nos sentimos españoles y catalanes a partes iguales, sin
problema alguno de pureza étnica.
Porque si las prisiones o las
escuelas de la Generalitat no funcionan bien, la causa no es España,
por mucho que nos lo quieran hacer creer a base de intoxicación
propagandística y pedagogía del odio. Las transferencias de
competencias de servicios penitenciarios o educación se hicieron
efectivas veinte años atrás y los resultados no pueden ser más
espeluznantes.
¿Se solucionan los problemas de
Cataluña con nuevas inyecciones de dinero procedentes del Estado?
No. La cuestión es qué se hace con ese dinero. Si va a parar a los
bolsillos de la oligarquía familiar catalana y de toda la caterva de
parásitos que le tapa las vergüenzas al hijo tonto de la mamá
convertido en director general o profesor universitario, mejor que
dichos caudales se queden en Madrid donde, por ejemplo, han
construido decenas de prisiones que rehabilitan a los presos
mientras aquí hemos inaugurado sólo una en veinte años y, por si
fuera poco, no resocializamos ni reeducamos a los presos, sino que
convertimos a los drogadictos en ladrones profesionales y a los
ladrones profesionales en asesinos.
Partit per Catalunya quiere ir
a la raíz de los problemas de incompetencia de los poderes públicos
que padece nuestra comunidad autónoma, a saber: la corrupción,
resultado necesario del régimen oligárquico familiar catalán.
Nosotros no somos un partido más, somos el pueblo levantado en santa
indignación, harto de los „partidos“ y de los politicastros
putrefactos de siempre.
Por este motivo, apoyar a la
PxCat es la mejor respuesta de los que ya han perdido la fe en los
políticos profesionales. Porque nosotros vamos contra esta clase
política en su conjunto y no a poner paños calientes para, a renglón
seguido, reconciliarnos con el sistema oligárquico, como han hecho
bien pronto los Ciutadans de Boadella. Queremos extirpar el tumor
antidemocrático que pudre por dentro nuestra sociedad y, si tú
quieres, los corruptos con corbata que te han estafado mil veces y
se ríen en tu cara una vez que les has dado ya el voto, no nos
podrán detener. Habrá un antes y un después de Partit per Catalunya,
porque esta auténtica revolución cívica que supone exigir el
cumplimiento de la ley y la autoafirmación de las instituciones como
modelos ético-normativos de conducta pública, sólo puede favorecer
al pueblo.
Así, te pedimos sólo una cosa:
que le des su oportunidad a la ley y que todos estos políticos
impresentables que, ora meriendan con ETA, ora nos traen a los
esquiroles, ora se venden a los bancos, ora roban el dinero público,
acaben en la cárcel, en el paro o, como mínimo, en la oposición,
donde han de permanecer por mucho tiempo. Llegado este momento, el
país comenzará por fin a progresar y prodrás comprobar que se
produce una mejora real en tu vida cotidiana, única prueba
incuestionable de que las instituciones democráticas funcionan de
verdad.
Comité Ejecutivo del Partit per Catalunya (PxCat)
